Justicia lenta, justicia cara: qué pasa cuando un pleito dura tres años

Un pleito que se alarga tres años no es solo una espera incómoda: durante ese tiempo, quien reclama sigue sin cobrar, quien litiga sigue pagando abogado y procurador, y muchas decisiones personales o de negocio quedan en suspenso a la espera de una resolución. La justicia lenta tiene un coste que rara vez se cuenta junto al de la propia sentencia.

Las grandes empresas pueden permitirse litigar durante años sin que eso comprometa su actividad. Una pyme o un particular, no siempre: para ellos, cada año de espera es un año de tesorería inmovilizada, de incertidumbre y, en muchos casos, de renuncia silenciosa a hacer valer un derecho que sí tenían, simplemente porque el coste de esperar supera lo que hay en juego. Ese desequilibrio no aparece en las estadísticas de sentencias, pero es real y afecta sobre todo a quien menos margen tiene.

La lentitud no es neutral: castiga más a quien tiene menos capacidad de aguantar el proceso, y eso convierte un problema de gestión judicial en un problema de acceso efectivo a la justicia, que es otra cosa distinta y más grave.

La mediación y el arbitraje existen precisamente para dar una salida más rápida a conflictos que no siempre necesitan pasar por un juzgado abarrotado. No sirven para todo, y no deberían presentarse como sustituto de la justicia ordinaria, pero hoy siguen siendo, para demasiada gente, la opción menos conocida en lugar de la primera que se plantea. Fomentar su uso de verdad, con información clara y sin la sospecha de que son un atajo de segunda categoría, aliviaría parte de la carga de los tribunales y devolvería tiempo, que es dinero y tranquilidad, a quien solo quiere resolver su conflicto y seguir adelante.

Una justicia rápida y previsible no es un lujo: es una condición básica de seguridad jurídica, tanto para el ciudadano como para la pyme que necesita saber, en un plazo razonable, a qué atenerse.

Cuando un procedimiento se alarga demasiado, lo que se erosiona no es solo la paciencia de quien litiga, sino la confianza general en que acudir a los tribunales sirve para algo dentro de un plazo razonable. Esa confianza es un activo colectivo: si se debilita, más personas optan por no reclamar lo que les corresponde, y quien incumple sus obligaciones sabe que el coste de que le demanden es, en la práctica, menor cuanto más tarda la respuesta judicial en llegar.

Reducir los plazos no es solo una cuestión de eficiencia interna de la administración de justicia; es una forma de sostener el principio de que la ley se cumple y de que hacerla valer no exige años de desgaste. Eso beneficia tanto a quien reclama como a quien, cumpliendo, no quiere competir con quien no lo hace y confía en salir indemne por pura lentitud del sistema.

No toda causa de retraso judicial se resuelve con más jueces o más medios, aunque ambas cosas ayudan. Parte del problema está en procedimientos que acumulan trámites que podrían simplificarse sin reducir garantías, y en una cultura procesal que, en ocasiones, premia alargar el litigio antes que resolverlo. Reconocer esto no es criticar a quienes trabajan en la administración de justicia, casi siempre con una carga de trabajo desproporcionada, sino insistir en que el diseño del proceso importa tanto como los recursos que se le destinan.

Este es un artículo de opinión y no sustituye la valoración de un caso concreto. Si te interesa una vía distinta al juzgado para resolver un conflicto, puedes ver cómo se plantea en mediación y arbitraje.