Verifactu: la digitalización que llega tarde y a golpe de sanción
La obligación de facturar con sistemas verificables era necesaria, pero llega con plazos apretados y la amenaza de sanción por delante, en lugar de acompañamiento real a quien tiene que aplicarla.
Que la facturación se digitalice y se pueda verificar es, en sí mismo, una buena noticia: menos fraude, más competencia leal para quien ya cumplía y más facilidad para que la administración haga su trabajo sin pedirle papeles de más al ciudadano. El problema no es el objetivo, es cómo se está llevando a la práctica: con plazos que dejan poco margen y un mensaje que suena más a advertencia que a ayuda, dirigido precisamente a quien menos recursos tiene para reaccionar con rapidez y menos margen para absorber un error de buena fe.
UNA OBLIGACIÓN TÉCNICA SOBRE NEGOCIOS QUE NO SON TÉCNICOS
Detrás de cada factura hay, muchas veces, un autónomo o una pyme sin departamento de sistemas, que ha llevado su contabilidad en una hoja de cálculo o con un programa sencillo durante años y que ahora tiene que adaptar su forma de trabajar a un requisito técnico que no eligió y que no siempre entiende del todo. Exigir cumplimiento sin ofrecer antes información clara, herramientas accesibles y un periodo de adaptación razonable no es exigente, es descuidado con quien sostiene buena parte de la actividad económica real.
La seguridad jurídica no consiste solo en que la norma exista; consiste en que quien tiene que cumplirla pueda saber, con tiempo suficiente, qué se espera exactamente de ella y cómo hacerlo sin arriesgarse a una sanción por un error de interpretación más que por una intención de defraudar.
MENOS AMENAZA, MÁS ACOMPAÑAMIENTO
Una digitalización bien hecha empieza por explicar, no por sancionar. Si el objetivo es que el sistema funcione y que el fraude baje de verdad, tiene más sentido invertir en que la pyme y el autónomo entiendan la herramienta y la adopten con confianza, que en un calendario que solo deja tiempo para el susto. Un régimen sancionador severo aplicado desde el primer día, sobre negocios que están haciendo un esfuerzo genuino por adaptarse, no distingue entre quien defrauda y quien simplemente llega tarde por falta de recursos o de información.
La transición a la factura verificable debería medirse por cuántos negocios la han incorporado con normalidad, no por cuántas sanciones se han impuesto en el camino. Eso exige plazos que se ajusten a la realidad de quien tiene que cumplirlos, canales de consulta accesibles y una etapa inicial en la que el error de buena fe se corrija, no se penalice. Menos burocracia no significa menos control; significa un control que no castiga a quien intenta cumplir.
QUÉ PEDIRÍA, EN CONCRETO, UN ENFOQUE PRUDENTE
No hace falta renunciar al objetivo de la digitalización para pedir que se aplique con cabeza. Un enfoque prudente empezaría por diferenciar con claridad el error de buena fe, que se corrige con un aviso y un plazo, del incumplimiento deliberado, que sí merece una respuesta firme. Seguiría por escalonar la entrada en vigor según el tamaño y la capacidad real del negocio, en lugar de tratar por igual a una multinacional con departamento fiscal propio y a un autónomo que factura desde su móvil.
Y terminaría por medir el éxito de la reforma no solo en recaudación, sino en cuántos negocios pequeños han logrado adaptarse sin que la obligación les suponga un coste desproporcionado respecto a su actividad. Una norma pensada para todos debería notarse menos, no más, en quien menos margen tiene.
Este es un artículo de opinión y refleja una valoración personal, no una asesoría sobre tu caso concreto. Si tu actividad depende de certificados y firma digital para cumplir con este tipo de obligaciones sin perder tiempo ni margen de maniobra, puedes ver cómo lo enfocamos en certificados digitales.