La justicia arrastra 4,7 millones de asuntos pendientes, un 79% más que en 2018
El Consejo General del Poder Judicial contabilizó 4.687.368 procedimientos en trámite al cierre del segundo trimestre de 2025 y 4.758.123 al cierre del primer trimestre de 2026. La jurisdicción civil concentra más de la mitad.
Madrid, 21 de septiembre de 2026 Publicado el
La cifra que mejor resume el estado de los juzgados españoles no es la de asuntos que entran, sino la de los que no salen. Al cierre del segundo trimestre de 2025, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 4.687.368 procedimientos en trámite, un 12,1% más que un año antes. Al cierre del primer trimestre de 2026 la cifra era de 4.758.123, apenas un 0,7% menos que un año antes.
MÁS RESOLUCIONES Y, AUN ASÍ, MÁS ATASCO
El dato no se explica por una caída de la productividad. En ese segundo trimestre de 2025 los órganos judiciales resolvieron 2.040.739 asuntos, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras ingresaban 1.936.658, un 5,3% menos. Es decir: resolvieron más de lo que entró y la pendencia siguió subiendo, porque la bolsa acumulada de años anteriores es mayor que el margen de un trimestre.
El reparto por jurisdicciones señala dónde duele. La civil cerró aquel trimestre con 2.849.018 asuntos en trámite, un 16% más interanual, pese a haber resuelto 950.867, un 11,1% más. La penal acumulaba 1.135.565, un 7,7% más. La social, 486.340, un 8,4% más. Solo la contencioso-administrativa bajó, un 2,4%, hasta 216.418.
OCHO AÑOS DE DETERIORO CONTINUADO
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó en julio de 2026 el documento base para una instrucción sobre cargas de trabajo judiciales sostenibles, y en él dejó por escrito la serie larga. Entre 2018 y 2025 los asuntos ingresados pasaron de 5,99 a 7,55 millones, un 26% más. Los procedimientos en trámite pasaron de 2,6 a 4,67 millones: un 79,1% más en siete años.
Por jurisdicciones, el incremento de la pendencia en ese periodo fue del 88,2% en la civil, del 82,9% en la social, del 76,1% en la penal y del 16,7% en la contencioso-administrativa. Los ingresos crecieron un 47,8% en la civil y un 26,5% en la social, y cayeron un 4,7% en la contencioso-administrativa.
QUÉ PROPONE EL CONSEJO
El documento aprobado plantea módulos de entrada orientativos —provisionalmente, entre 1.200 y 1.500 asuntos anuales en primera instancia civil, y entre 800 y 1.100 en la jurisdicción social según lleven o no ejecución— concebidos como indicador de sobrecarga y de riesgo laboral, no como objetivo de productividad individual. Es un cambio de enfoque respecto a los módulos de rendimiento anteriores.
Para quien litiga, el efecto de estas cifras es el mismo desde hace años y se mide en meses de espera. Una empresa pequeña que reclama una factura, un trabajador que impugna un despido o un ciudadano que discute una sanción no compiten solo con la otra parte: compiten con una cola. Cualquier reforma que reduzca la entrada de asuntos sin reducir la tutela —o que aumente la capacidad de resolución— actúa directamente sobre esa espera, y ese es el criterio con el que conviene juzgarlas.