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Análisis. El aplazamiento a 2027 alivia la caja de las empresas pequeñas, pero deja intacto el problema de fondo: una obligación técnica cuyo coste y cuyo riesgo recaen sobre quien menos capacidad tiene para absorberlos.
El Real Decreto-ley 15/2025 retrasó un año el calendario. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades deben estar listos el 1 de enero de 2027 y el resto de obligados el 1 de julio. La multa por tener un programa no conforme sigue siendo de 50.000 euros por ejercicio.
